El Govern de Catalunya y los Comuns han alcanzado un acuerdo significativo en materia de vivienda. Se creará una oficina antidesahucios con el objetivo de proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y evitar desahucios injustificados. Además, se aumentará el crédito destinado a políticas de vivienda a 850 millones de euros, lo que representa un esfuerzo considerable para abordar la crisis habitacional que afecta a muchas familias en la región.
La presidenta de los Comuns, Jéssica Albiach, ha destacado que esta medida es esencial para garantizar el derecho a la vivienda y ha instado al Govern a implementar políticas más efectivas para frenar los desahucios. Por su parte, el Govern ha mostrado su compromiso con la creación de la oficina antidesahucios y ha asegurado que se destinarán los recursos necesarios para su funcionamiento.
La creación de esta oficina se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la crisis habitacional en Catalunya. Organizaciones sociales han denunciado el aumento de desahucios y la falta de soluciones efectivas para las familias afectadas. Con esta medida, se busca ofrecer un apoyo directo a las personas en riesgo de perder su hogar y garantizar que se respeten sus derechos.
El acuerdo también incluye otras medidas tanto en materia de vivienda, como el aumento en 100 inspectores antes de que acabe el año para hacer cumplir el tope de los alquileres, así como otras que tienen que ver con la salud: un dentista público y atención psicológica gratuita para jóvenes. Se trata de un paquete de medidas que los Comunes habían exigido al PSC de Illa como acuerdo para la investidura y al margen de los presupuestos.