El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha respaldado una de las estrategias legales impulsadas durante la alcaldía de Ada Colau para limitar la expansión de los pisos turísticos en Barcelona. La sentencia, conocida el 4 de noviembre de 2026, avala la actuación del Ayuntamiento en el bloque Tarragona, un edificio de 120 viviendas situado en el número 84 de esta calle, donde el gobierno municipal anuló en 2023 decenas de licencias turísticas.
La actuación fue impulsada durante el mandato de Colau, con Janet Sanz al frente del área de Urbanismo, mediante la Ley de Facilitación de la Actividad Económica de la Generalitat. Esta normativa permitía retirar las licencias de uso turístico cuando la actividad no se había iniciado dentro del plazo legal de tres meses.
El propio Ayuntamiento de Barcelona, actualmente gobernado por Jaume Collboni, ha celebrado el pronunciamiento y ha reconocido la relevancia de la estrategia abierta durante el gobierno de Colau. Según fuentes municipales citadas por Europa Press, la resolución «aporta seguridad jurídica a una vía que podía ser útil pero que necesitaba el aval de los tribunales». Desde Barcelona en Comú, su presidenta en el consistorio, Gemma Tarafa, ha reivindicado que «el tiempo y la ley» les han vuelto a dar la razón en la defensa del derecho a la vivienda. Tarafa también ha destacado que Barcelona en Comú ha abierto vías de actuación para proteger la vivienda residencial frente a su transformación en alojamiento turístico.
El pronunciamiento judicial llega en paralelo a otro avance normativo en la ciudad. La Generalitat y el Ayuntamiento han aprobado definitivamente una modificación del Plan General Metropolitano que permitirá regular los alquileres de temporada y por habitaciones mediante nuevas restricciones municipales.