Sindicatos y familias rechazan la presencia de Mossos de paisano en las escuelas propuesta por la Generalitat

Sindicatos educativos, asociaciones de familias y entidades sociales han mostrado su rechazo al plan de la Generalitat de enviar Mossos d’Esquadra de paisano a centros educativos para prevenir conflictos. Denuncian una “criminalización” del alumnado y reclaman más recursos sociales.

Sindicatos y familias rechazan la presencia de Mossos de paisano en las escuelas

Sindicatos y familias rechazan la presencia de Mossos de paisano en las escuelas tras propuesta de la Generalitat de enviar agentes a escuelas e institutos para prevenir conflictos. La medida, planteada en el marco de las políticas de convivencia y seguridad en los centros, busca detectar posibles situaciones de violencia, radicalización o conflictos antes de que escalen, pero los colectivos críticos consideran que supone una “policialización” de los espacios educativos.

Diversos sindicatos de enseñanza han advertido de que la presencia policial en las escuelas puede deteriorar la confianza entre alumnado y profesorado y generar un clima de vigilancia incompatible con el entorno educativo. También han señalado que muchos de los conflictos que se producen en los centros tienen relación con problemas sociales, desigualdades económicas o situaciones de vulnerabilidad que no pueden resolverse mediante mecanismos policiales.

Entidades de familias y organizaciones vinculadas a la educación pública han expresado preocupación por el impacto que la medida pueda tener sobre determinados estudiantes, especialmente jóvenes racializados o de barrios populares. Los colectivos alertan de que introducir agentes de paisano en los centros puede contribuir a la estigmatización de parte del alumnado y aumentar la percepción de criminalización entre adolescentes y jóvenes.

Las organizaciones críticas con la propuesta reclaman a la Generalitat que priorice el aumento de recursos educativos y sociales. Entre las demandas destacan la incorporación de más orientadores, educadores sociales y profesionales de salud mental, así como el refuerzo de programas de mediación y convivencia escolar. También piden abrir un debate con la comunidad educativa antes de aplicar cualquier medida relacionada con seguridad en los centros.

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