España continúa entre los países europeos con menor presencia de vivienda social de alquiler. El parque público representa alrededor del 1,7% de las viviendas principales, una proporción muy alejada del entorno del 8% que registra la media europea. La distancia cobra especial relevancia en plena crisis de acceso a la vivienda, cuando el encarecimiento del mercado privado está obligando a numerosos hogares a dedicar una parte creciente de sus ingresos al alquiler.
Los últimos datos disponibles sitúan el parque público español de vivienda social en alquiler en unas 318.000 viviendas. De ellas, aproximadamente 197.000 pertenecen a comunidades autónomas y organismos dependientes y otras 121.000 son propiedad de ayuntamientos y entidades municipales. Esta oferta limitada contrasta con países como Países Bajos, Austria y Dinamarca, donde la vivienda social supera el 20% del parque residencial.
La diferencia no reside únicamente en el volumen de construcción pública. En varios países europeos tienen un peso relevante las cooperativas, fundaciones y otros proveedores sociales de vivienda, organizaciones que gestionan inmuebles a precios asequibles y reinvierten buena parte de sus recursos en ampliar el parque.
La escasez de alternativas públicas tiene consecuencias directas sobre quienes dependen del alquiler privado. La OCDE señala que más de la mitad de los hogares arrendatarios españoles con ingresos bajos destinan más del 40% de su renta disponible a los costes de vivienda, una situación de sobrecarga económica que coloca a España entre los países con mayores dificultades de acceso dentro de la organización.
Barcelona fue una de las ciudades que más reforzó su parque público durante los dos mandatos de Ada Colau, entre 2015 y 2023. En esos ocho años, el parque municipal pasó de unas 7.500 a cerca de 11.700 viviendas, con más de 4.000 pisos incorporados mediante obra nueva y adquisiciones.