Los vecinos convocan un acto el 17 de enero en la Rambla de Badal contra el pacto del Ayuntamiento con Stellantis para levantar 110 viviendas privadas en suelo calificado como zona verde.
Entidades sociales de Badalona responsabilizan al alcalde Xavier García Albiol de la muerte de una persona sin hogar y denuncian la falta de políticas efectivas para garantizar alojamiento y atención social durante el invierno.
Más de un millón de personas en Catalunya se sitúa en riesgo de pobreza tras pagar el alquiler. El aumento sostenido de los precios de la vivienda tensiona los ingresos de miles de hogares y agrava la desigualdad, según datos recientes.
Un análisis sobre la organización de las fiestas navideñas revela que las mujeres siguen soportando la mayor parte del trabajo doméstico y la carga mental, desde la planificación hasta la ejecución, una desigualdad que se repite cada año.
Jaume Asens (Comuns) denuncia l’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per quatre possibles delictes vinculats al desnonament del B9. L’escrit a Fiscalia assenyala que es va ignorar l’ordre judicial que obligava a oferir una alternativa habitacional.
Una vecina jubilada de Badalona ha acogido en su vivienda a varias personas migrantes desalojadas del edificio B9 tras un operativo policial. El desalojo ha dejado a decenas de personas sin alternativa habitacional inmediata.
El Parlament de Cataluña ha aprobado una ley que regula por primera vez los alquileres de temporada y de habitaciones, sujetándolos a los topes de precio y derechos de los contratos residenciales en zonas con mercado tenso, con el apoyo de los grupos de izquierda.
Casi siete de cada diez municipios de Cataluña estarán obligados a redactar un plan de protección contra inundaciones tras la entrada en vigor del nuevo decreto de la Generalitat, que refuerza la prevención ante el aumento de episodios climáticos extremos.
Los Mossos d’Esquadra han desalojado a unas 400 personas migrantes del antiguo instituto B9 de Badalona por orden judicial, a petición del Ayuntamiento. El operativo se produce sin una alternativa de vivienda inmediata y en pleno mes de diciembre.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impone una sanción de 64 millones de euros a Airbnb por publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia y con información falsa, tras identificar más de 65 000 casos irregulares. La resolución es firme.
