La propiedad expulsó a inquilinos y reformó sin licencia un edificio entero para alquilarlo como ‘coliving’, mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado.
Foment del Treball presiona al Ayuntamiento para modificar la medida estrella del gobierno Colau, que ha sido replicada con éxito en ciudades como París.
El inmueble, construido durante el mandato de Ada Colau, está situado en el número 96 de la calle Venezuela, con un total de 140 viviendas.
Colectivos y entidades celebran la decisión y critican la falta de medidas que mitiguen los efectivos negativos del turismo masivo y de la contaminación en Barcelona.
La operación contó con la participación de un centenar de agentes de la policía local y Mossos d’Esquadra y los sindicatos de vivienda y la oposición critican la inacción del gobierno.
Raquel, vecina de Verdum y víctima de violencia machista, logra frenar su desahucio tras denunciar el abandono institucional del Ayuntamiento y la Generalitat.
La entidad alerta que tramitar el decreto como proyecto de ley facilitaría que el lobby inmobiliario rebaje su contenido.
Un informe del Consell Econòmic i Social de Barcelona revela que el 50% de los habitantes del área metropolitana ha cambiado o cambiará de vivienda entre 2018 y 2027.
El acuerdo también incluye 100 inspectores para hacer cumplir el tope del aquiler, un destista público y atención psicológica gratuita para jóvenes.
La protesta, organizada por la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico, duró diez minutos y se enmarca en un foro internacional sobre turistificación.
