El Tribunal Supremo confirma la legalidad del 30 % de vivienda protegida aprobado durante el gobierno de Ada Colau. El fallo refuerza una medida clave de Barcelona en Comú para garantizar vivienda asequible frente a la presión inmobiliaria.
Un fenómeno viral centrado en jóvenes que se identifican lúdicamente con animales ha sido amplificado por grupos ultras con bulos y exageraciones para construir una narrativa de “decadencia social” y atacar a personas trans y LGTBIQ+.
El 90 % de la ciudadanía de Barcelona valora positivamente la diversidad de la ciudad, según una encuesta municipal. El estudio también detecta discriminaciones en el acceso a la vivienda y diferencias en el sentimiento de pertenencia.
Una flotilla internacional de activistas y organizaciones solidarias partirá en los próximos días rumbo a Cuba para visibilizar el impacto del bloqueo de EEUU sobre la isla y exigir su fin, en una acción coordinada desde varios países.
El Govern de Cataluña y los Comuns han acordado modificar la ley de urbanismo para regular y frenar la compra especulativa de viviendas por “grans tenidors” en zonas tensionadas, limitando adquisiciones a uso habitual o alquiler con topes de renta.
Más de 630 000 contratos de alquiler firmados en 2021 expiran este año en España, afectando a 1,6 millones de personas. Con rentas de entonces muy por debajo de los precios actuales y una oferta reducida, la presión sobre inquilinas e inquilinos se intensifica.
Barcelona ejecuta el desalojo de 175 personas sin hogar en la Zona Franca alegando motivos sanitarios. Entidades sociales denuncian falta de alternativas habitacionales y destrucción de pertenencias en un operativo policial que agrava la vulnerabilidad de las personas afectadas.
El 24,8 % de los catalanes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, ocho décimas más que el año anterior, con peores cifras en infancia y entre personas extranjeras, según datos del Idescat. Casi la mitad de la población declara dificultades para llegar a fin de mes.
El Prat de Llobregat inaugura la promoció cooperativa de 101 habitatges de lloguer assequible, on les famílies no han de fer aportació inicial. La iniciativa, impulsada per la Cooperativa Obrera de Viviendas i l’Ajuntament, reforça un model de dret a l’habitatge.
El número de bloques completos de pisos comprados por fondos de inversión en la Esquerra de l’Eixample ha crecido un 40 % en un año (68 en total), mientras 867 edificios más están en riesgo de terminar en manos de estos gigantes financieros, acelerando la expulsión de vecinas y vecinos.
