El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha ampliado este lunes la investigación abierta por el abordaje israelí de la Global Sumud Flotilla el 1 de octubre de 2025, cuando sus embarcaciones se dirigían hacia Gaza con ayuda humanitaria. La causa, inicialmente abierta por posibles delitos de detención ilegal, incluirá ahora posibles torturas, lesiones y daños cometidos a bordo de barcos con bandera española. Entre las personas que viajaban en la expedición se encontraba la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
La decisión llega después de que el magistrado estimara parcialmente los recursos presentados por el Partido Comunista de España, Izquierda Unida y otras acusaciones. De Jorge sostiene que los tribunales españoles tienen competencia para investigar los posibles delitos cometidos dentro de embarcaciones con pabellón español, con independencia de la nacionalidad de las personas afectadas. Las querellas iniciales se dirigieron contra varios mandos de las Fuerzas Armadas israelíes.
El juez señala que las denuncias describen posibles «tratos inhumanos o degradantes» sufridos por algunos activistas mientras todavía se encontraban en los barcos españoles. El auto ordena practicar diligencias para identificar a los posibles autores. En cambio, respecto a los hechos denunciados posteriormente en embarcaciones israelíes o centros de detención en Israel, la Audiencia Nacional no asume por ahora la competencia directa y considera necesario identificar primero a los responsables y determinar si se encuentran en España.
El magistrado ha rechazado, sin embargo, considerar el abordaje como un posible delito de piratería marítima. Argumenta que este delito requiere una finalidad de beneficio particular que no aprecia en ninguno de los dos lados: señala que los activistas buscaban llevar ayuda humanitaria y protestar por la situación de la población de Gaza, mientras que los militares israelíes actuaban siguiendo órdenes políticas y militares.