El plan de Eixos Verds impulsado por Ada Colau podría haber evitado hasta 178 muertes prematuras al año y reducir la temperatura en Barcelona, según ISGlobal. Sin embargo, Collboni lo ha descartado alegando costes. En su lugar, opta por un plan menos ambicioso y con menor impacto en la salud.
Parte de los ingresos se destinarán a políticas de vivienda y sostenibilidad. La medida busca paliar los efectos negativos del turismo.
Más de una decena de agentes de la Guardia Urbana irrumpieron en un club LGTBI+ del Eixample en una redada que colectivos denuncian como «desproporcionada y estigmatizante». La comunidad alerta de un aumento de la presión policial contra espacios de socialización LGTBI+.
Raval Rebel denuncia que el Ayuntamiento ha subido sin aviso previo el alquiler de viviendas sociales hasta un 100%. Familias que pagaban 100€ ahora deben pagar más de 400€. Mientras se anuncia la compra de Casa Orsola, los vecinos denuncian que el consistorio también actúa como un gran tenedor.
En 2024, Barcelona registró 307 incumplimientos de las restricciones a grupos turísticos en Ciutat Vella, pero no impuso ninguna multa, según datos municipales.
Pronto hará 5 años desde que la carretera de Sants es peatonal durante los fines de semana y su éxito es abrumador. Crecen las voces que piden su ampliación a más días al año o una pacificación definitiva de la calle.
Sumar y sindicatos de inquilinos impulsan una propuesta legislativa para convertir los contratos de alquiler en indefinidos, con el objetivo de garantizar una mayor estabilidad y evitar la precariedad de los arrendatarios. Esta es una de las principales demandas de la lucha por la vivienda.
Barcelona dará de baja a personas empadronadas en sedes de entidades sociales, complicando el acceso a derechos básicos para colectivos vulnerables.
El Sindicat de Manters Top Manta denuncia que aprender catalán es casi imposible para los inmigrantes: 2,3 millones quieren hacerlo, pero la Generalitat solo ofrece 120.000 plazas. Exigen más cursos, matrícula abierta y horarios accesibles para que el catalán sea una lengua de inclusión.
De 91 km de carriles bici en el primer mandato de Colau a solo 12 km con Collboni. El Ayuntamiento de Barcelona reduce drásticamente la expansión de la red ciclista
