El Govern de Cataluña y los Comuns han acordado modificar la ley de urbanismo para regular y frenar la compra especulativa de viviendas por “grans tenidors” en zonas tensionadas, limitando adquisiciones a uso habitual o alquiler con topes de renta.
Más de 630 000 contratos de alquiler firmados en 2021 expiran este año en España, afectando a 1,6 millones de personas. Con rentas de entonces muy por debajo de los precios actuales y una oferta reducida, la presión sobre inquilinas e inquilinos se intensifica.
Barcelona ejecuta el desalojo de 175 personas sin hogar en la Zona Franca alegando motivos sanitarios. Entidades sociales denuncian falta de alternativas habitacionales y destrucción de pertenencias en un operativo policial que agrava la vulnerabilidad de las personas afectadas.
El 24,8 % de los catalanes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025, ocho décimas más que el año anterior, con peores cifras en infancia y entre personas extranjeras, según datos del Idescat. Casi la mitad de la población declara dificultades para llegar a fin de mes.
El Prat de Llobregat inaugura la promoció cooperativa de 101 habitatges de lloguer assequible, on les famílies no han de fer aportació inicial. La iniciativa, impulsada per la Cooperativa Obrera de Viviendas i l’Ajuntament, reforça un model de dret a l’habitatge.
El número de bloques completos de pisos comprados por fondos de inversión en la Esquerra de l’Eixample ha crecido un 40 % en un año (68 en total), mientras 867 edificios más están en riesgo de terminar en manos de estos gigantes financieros, acelerando la expulsión de vecinas y vecinos.
La mayoría de casos se concentran en inmuebles vacíos o sin uso residencial habitual -hasta un 80% de grandes tenedores.
Tres de cada diez viviendas de la Dreta de l’Eixample no cuentan con residentes empadronados, según datos municipales. El fenómeno se concentra en fincas del centro y apunta al peso del uso turístico, la inversión y la vivienda vacía.
Barcelona comunica a los servicios sociales que no hay más plazas en pensiones para familias que pierden su vivienda. La situación evidencia la saturación del sistema de emergencia habitacional en la ciudad.
Un análisis comparativo entre compras reales de 2019 y 2026 muestra que el coste de productos básicos en supermercados españoles ha aumentado de media un 45,6%, muy por encima de la inflación oficial. Esta subida erosiona el poder adquisitivo de hogares con ingresos modestos.
